Costa Rica se convirtió en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La membresía anual le costará al contribuyente unos 1,8 millones de euros (alrededor de ₡1.360 millones). Además, los contribuyentes debemos pagar, durante los primeros cuatro años de membresía, 1 millón de euros (unos ₡754 millones) al año adicionales; por concepto de un cargo transitorio.

En Costa Rica sobran los estudios sobre lo que hay que hacer. Lo que hace falta es la ejecución de las políticas que ya sabemos deben tomarse.

No se requiere de la OCDE para saber que debemos cerrar entidades públicas que no cumplen ninguna función social ni económica como el Ministerio de Planificación (Mideplan) entre muchos otros ejemplos.
Además, en esta era digital y donde los gobiernos insisten en “quedarse en casa”, bien se podrían cerrar casi todas las embajadas y consulados para que pasen a operar de manera remota.
La ODCE es una entidad burocrática que vive de los impuestos desangrando al contribuyente. Su propósito, en la práctica, es igualar al alza los impuestos y las regulaciones. Para impedir que las empresas migren de países desarrollados hacia países con menos impuestos y menos regulaciones.
Esta es una entidad que, al igual que otras entidades burocráticas internacionales como el Banco Mundial, el FMI, y el BCIE; deben cerrarse por el bien de los contribuyentes y de todo aquel que se gana el pan con el sudor de su frente y no con el del prójimo.
Como toda entidad burocrática internacional, la OCDE sirve para darle un cargo público a los “pegabanderas” y a los fieles cómplices de los “líderes” políticos que viven de los impuestos.

En fin, el ingreso a la OCDE es otro privilegio más para la clase política y burocrática que se financiará a costa del esfuerzo de aquel que produce.